Desde 1987 la Organización de las Naciones Unidas declaro el 26 de junio como el “Día internacional de la Lucha contra el Narcotráfico y el Abuso de Drogas”, teniendo por objetivo reforzar las acciones y la cooperación para alcanzar una sociedad libre de drogas.
¿Pero…que hay detrás de este enunciado que a simple vista parece inofensivo? A partir de este mensaje, instituciones y gobiernos se escudan a la hora de condenar y perseguir a usuarios de drogas, sin brindar luz sobre los dispositivos y medidas de contención precisas para que quienes accedan al uso de drogas lo puedan hacer de forma segura, con sustancias reguladas por los estados, con conocimiento de los riesgos y daños de los diferentes tipos de drogas y con contención de los mismos por parte de los sistemas de salud y educación de cada país.
Desde 1989 Argentina cuenta con una de las leyes de estupefacientes más rígidas de la región, con penas mínimas de 4 años para quienes tuvieran en su poder estupefacientes; así mismo, sanciona más gravemente la comercialización y producción de los mismos. Luego de 30 años, una de las principales causas de encarcelamiento en Argentina es la infracción a esta ley, al mismo tiempo que los consumos no solo crecieron y se diversificaron, sino que también tienen sus inicios a más temprana edad, con una mayor medida en los sectores más vulnerables de nuestra población.
Según datos del estudio de consumo de sustancias psicoactivas de 2017 realizado por la Sedronar con el Observatorio Nacional de Drogas, en Argentina las sustancias de mayor consumo son el tabaco y el alcohol, seguido por el cannabis, las dos primeras legales y en el caso del alcohol con regulaciones muy livianas para su acceso. Al mismo tiempo establece que la tasa de mortalidad por consumo de sustancias es de 70% a causa del tabaco, el 27% a causa del alcohol, y solo 1,5% son relacionadas a distintos estupefacientes. Pero los datos que más llaman la atención son los aumentos de los consumos en adolescentes: Para la población entre 12 y 17 años entre 2010 y 2017, el consumo de tabaco aumento del 7,9% al 11,6%; en el caso del alcohol 21,4% al 34,1% y en el caso del cannabis se duplica del 1,3% a 2,7%.
Por otro lado, podemos ver las consecuencias penales que trajo esta política para los usuarios de sustancias. Un informe de la Dirección Nacional de Política Criminal, nos arroja datos interesantes en este sentido: Entre el año 2005 y 2015 se duplico el total de personas que fueron privadas de su libertad por infracción a la ley de estupefacientes alcanzando más del 30% de la población carcelaria.
Otros datos llamativos son en relación al trabajo y educación de quienes son presos ; De estos el 41% estaba desocupado al ingreso al sistema carcelario y otro 41% tenía trabajo precario. Sólo 18% refirió trabajo de tiempo completo y por otro lado casi 9 de cada 10 personas no habìa alcanzado el nivel de escolaridad obligatorio y, de ellos, el 6% no tenía ningún tipo de instrucción formal. A su vez, el 73% de las causas relacionadas a drogas son para consumo personal.
Estos datos nos hablan de que las problemáticas de los y las usuarias de sustancias se acrecientan en contextos de vulnerabilidad social y da evidencia de la ineficiencia de la actual ley de drogas.
El caso de la Ciudad de Buenos Aires es bastante ejemplificador, luego de la desfederalizacion de la ley de estupefacientes en la órbita de la ciudad, en menos de un año aumentaron las detenciones un 54%, el 78% de las mismas fue ingresada por efectivos de las fuerzas de seguridad en la vía pública y el 70% fueron realizadas en la zona sur de la ciudad. Estos datos reafirman la realidad de que el estigma a los usuarios de drogas arrastra consigo una estigmatización de la pobreza.
La violencia institucional se evidencia en cada uno de los usuarios que son excluidos de los sistemas de salud, educativos y laborales, donde los mismos son expulsados por el simple hecho de consumir drogas o alcohol. Debemos ser claros: Que los jóvenes sean expulsados de las escuelas por consumo de drogas es violencia institucional; estigmatizar a las mujeres y/o embarazadas por consumo de drogas en los hospitales, es violencia institucional; que la población LGTBIQ+ sea excluida del acceso a derechos y oportunidades, entre otras cosas, por consumo de drogas, es violencia institucional.
Pero lo mencionado nos permite establecer una visión diferente sobre dicha jornada: En este día podemos replantearnos el éxito de esta “cruzada” contra las drogas y los riesgos que la misma ha representado y representa aún hoy para los sectores más postergados. Hasta aquí, la guerra contra las drogas tuvo el efecto opuesto al que se buscaba en cuanto a proteger la salud e integridad de quienes acceden a drogas, que por un lado se ven obligados a acceder al mercado negro, expuestos a la violencia del mismo como única vía de acceso a las sustancias, las cuales carecen de controles pertinentes de calidad y trazabilidad por la inexistencia de cualquier tipo de presencia institucional y estatal, lo cual redunda en mayores daños físicos, al mismo tiempo que los estigmatiza y los traslada a un escenario delincuencial siendo aislados en el sistema penal.
Por otro lado, la pandemia ha servido como excusa para que las personas que hacen uso de drogas se vean aún más marginadas en cuanto al acceso a sus derechos y a los servicios públicos, quedando postergadas sus necesidades y demás aspectos sanitarios. Durante el 2020 las consultas por problemáticas de consumo de alcohol y otras sustancias crecieron un 40% según los datos relevados en los 508 centros de salud que conforman la red de atención que dependen de Sedronar. En los datos relevados se detectó que durante las etapas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) y Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO) quienes más incrementaron sus consumos fueron aquellos adultos que no contaban con trabajo o que no desarrollaron tareas debido a la imposibilidad de realizar home-office. Por otra parte, se evidenció una baja en el consumo de jóvenes, probablemente justificado por las restricciones para realizar encuentros presenciales.
Según estudios desarrollados por el CONICET, durante la etapa más estricta de cuarentena el 45% de las personas tomó más alcohol de lo que venía consumiendo previamente.
Es momento de repensar y replantear estos viejos paradigmas: Necesitamos atender las problemáticas generadas por años de prohibicionismo y avanzar hacia políticas que reduzcan los riesgos y daños ocasionados, tanto por el consumo como por la prohibición. Debemos establecer una agenda pública que brinde información a los usuarios a fin de prevenir consumos, y con la información necesaria para que quienes elijan consumir lo hagan de una manera adulta, responsable de su salud y de su entorno. Es necesario establecer los espacios de contención en los sectores de mayor vulnerabilidad social, para acompañar a niños y niñas y evitar los consumos a temprana edad de manera consiente.
En síntesis, debemos dejar de silenciar problemáticas por miedo a ser juzgados: Detrás del miedo y la vergüenza de cada usuario hay un estado que señala con el dedo, que sumerge en la marginalidad y luego juzga, y que la evidencia empírica muestra que ha sido incapaz de generar los dispositivos socio-sanitarios y las condiciones de inclusión e integración que la realidad de nuestro país exige.
Un año más, remarcamos la necesidad de modificar la Ley N.º 23.737 de Estupefacientes, la cual debe contener una mirada no punitivista sobre el uso de drogas, y que deberá contener el aporte de especialistas, usuarios, organizaciones sociales y todos los actores involucrados para el diseño de políticas públicas transversales que permitan articular dispositivos de contención de riesgos y daños que sean efectivos y basados en evidencia.
