Nos adentramos en la primera semana de mayo de 2020 en este contexto de pandemia mundial y la continuidad del “aislamiento social preventivo y obligatorio”. Esta semana es históricamente icónica, a nivel mundial, para el movimiento cannabico, desde 1973 en Nueva York, y hace ya más de 2 largas décadas en Argentina, se moviliza el primer sábado de mayo por la legalización de la planta del cannabis.
En este contexto mundial, se enfatizan las problemáticas de los usuarios de cannabis. En Argentina se encuentra en vigencia la ley 27.350, la llamada ley de cannabis medicinal. Pero a pesar de su nombre los alcances de la misma son muy limitados. En su sanción en el año 2017 se habilito la investigación y producción de cultivos de la planta de cannabis, para las distintas patologías que pudiesen ser tratadas con cannabis y sus derivados. Pero en su reglamentación, recién en el año 2019, se habilito únicamente los tratamientos para quienes padecieren epilepsia refractaria, que resulta ser un tipo de epilepsia muy atípico.
Pero a pesar de la ley, quienes se encuentran en condiciones de recibir el aceite hoy encuentran imposibilitado su acceso, ya que hoy en día la única vía legal que prevé el estado es a través de la importación cosa imposibilitada por la situación actual. Aunque la ley habilita, con muchas restricciones a desarrollar cultivos en el territorio nacional para abastecer esta demanda todavía luego de 3 años de su sanción, no contamos con ninguno en funciones.
La sanción de la ley puso al descubierto una alternativa a los tratamientos médicos tradicionales y generando así un aumento en los usuarios que encontraban alivio en el cannabis a sus padecimientos tales como la fibromialgia, la artritis, los malestares de un tratamiento oncológico entres varios otros. Sin embargo, la taxactividad de la reglamentación dejo a todos estos nuevos usuarios sumergidos en un marco de ilegalidad.
Por estas razones los usuarios se ven empujados a dos alternativas para calmar su padecimiento. Por un lado, esta quienes deciden abastecerse mediante el autocultivo, incurriendo en un delito establecido en la ley 23.737, actual ley de drogas, con penas de hasta 15 años. Y otros empujados a compra en el mercado ilegal, cada vez más visible solo basta entrar en una página de compra venta y buscarlo, pero nada les asegura que estén adquiriendo el producto que necesitan para su salud, o inclusive mucho más si quiera si realmente es ese producto y no uno adulterado.
Al mismo tiempo, el mercado no regulado del cannabis, al igual que todos los mercados en Argentina, también se vio afectado por la pandemia, la imposibilidad de salir para abastecer a usuarios y el agravante de circular con una sustancia ilícita, genero un aumento de los precios, generando así otra dificultad en el acceso al cannabis.
En este contexto que nos permite repensar las situaciones desde otra perspectiva, necesitamos revivir el debate sobre los usos del cannabis de una manera integral, abordando todas las aristas que lo definen, realizando diagnósticos claros que nos permitan crear políticas públicas que garanticen los derechos a la salud y a la libertad de los usuarios de cannabis.
