Que la educación pública, derecho universal, sea laica es una obligación del Estado. Sostener y garantizar la laicidad, como otros aspectos de la pluralidad, en las escuelas de gestión estatal debería ser una prioridad asumida por el conjunto de la sociedad.
El debate sobre la enseñanza religiosa llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, después de un largo camino por tribunales y escritorios del país. Hoy está presente en los medios y, a través de una audiencia pública, se ponen de manifiesto los argumentos.
Los argumentos esgrimidos a favor de la enseñanza religiosa, fundamentalmente se escudan en la enseñanza de todas las religiones y una aparente integración educativa. Pero resulta funcional a los intereses del poder político eclesiástico. Volver a vincular a la Iglesia con las instituciones de la república, sería retroceder en el tiempo muchos años.
El rol del Estado, debe ser integrar a todos en su diversidad. La laicidad es la mejor herramienta para eso, ya que no implica una enseñanza anti religiosa. Las instituciones, no deben hacerse eco de la vida privada de los ciudadanos, no obstante respetarla debe ser una prioridad. La vida pública, debe permitir el ejercicio de las libertades individuales.
