El acuerdo de Escazú apunta a luchar contra la desigualdad y la discriminación, y garantizar los derechos de todas las personas a un ambiente sano y al desarrollo sustentable, dedicando especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Esto, en un marco donde los proyectos petroleros y mineros, la deforestación para expandir las fronteras agropecuarias para garantizar la alimentación del ganado, los conflictos por el agua y el riesgo que corren los defensores de derechos ambientales y humanos en la región, son solo algunos de los problemas socioambientales más grandes que atraviesa nuestra región.
Este domingo se cumplió un mes de la adhesión de Argentina al Acuerdo de Ezcazú, y para celebrarlo organizamos un Conversatorio Internacional con representantes y activistas de varios paises de Latinoamerica, para poner en común los objetivos y las herramientas que supone la implementación del acuerdo tanto a nivel regional como dentro de las fronteras de cada país.
Está claro que su firma e implementación significa una oportunidad única para prevenir y disminuir los conflictos socioambientales en la región, comprometiendo a los países a que garanticen a la ciudadanía 3 derechos imprescindibles:
• Acceso a la información
• Participación ciudadana
• Acceso a justicia en materia medioambiental
Esto es fundamental ya que la protección del medio ambiente debe ser entendida como prioritaria desde la realidad cotidiana de cada persona. Y esto solo es posible a través del acceso a la información pública, la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, y el acuerdo de Ezcazu, surge como una herramienta jurídica que garantice todos estos derechos.
Agradecemos enormemente la participación de los representantes de nuestros países hermanos como Chile, Bolivia, Uruguay, Perú y Costa Rica, y reivindicamos la idea de que tal como se menciono en el conversatorio, que la justicia climática debe dejar de ser solo entendida como justicia medioambiental para ser entendida como justicia social. Todos somos parte del mismo ecosistema global y cada daño que le hacemos en el presente lo pagaremos en el futuro. Es fundamental respetar la vida y la dignidad humana por encima del desarrollo económico y acabar con la violencia institucional para con los activistas medioambientales, que dejan su vida a diario para defender nuestro presente y nuestro futuro.
Le agradezco a los activistas que se sumaron de toda latinoamérica por haberse sumado a esta actividad: por Uruguay Felicia Pagliano, por Chile Sebastián Benfeld y Valentina Caceres, por Costa Rica Kyara Cascante, por Bolivia Adriana Salazar, Anahi Garvizu Patiño y Ana Leticia Toledo y por Perú Yiddi Kester.
Seguiremos trabajando en conjunto para que la agenda medioambiental sea prioritaria para todos los gobiernos de la región.
