Resulta evidente que nos encontramos ante un intento de desaparición forzada accionado por miembros de la policía bonaerense. Esto significa que en plena democracia las fuerzas de seguridad capturaron, ejecutaron y desaparecieron a un joven porque circulaba por la vía pública (un derecho garantizado constitucionalmente).
Garantizar el derecho a la vida, los derechos humanos y el debido proceso son los principios rectores y fundamentales sobre los que se debe basar el estado para hacer uso legítimo de la fuerza. Este tipo de fallas cubren de un manto sombrío a las instituciones, sobre todo cuando desde el comienzo se trabajó con inoperancia y desidia de un gobierno que encontró en la persecución y la represión la mejor medida de lucha contra la pandemia.
El de Facundo no es un caso aislado, se le suman otros 42 asesinatos por parte de la policía provincial desde el inicio de la cuarentena. Estos hechos nacen desde un Estado roto. Un Estado que ha fallado en proveer seguridad y contención a la población en general.
El asesinato de Facundo no puede quedar impune. Es necesario que se separe de sus cargos a los responsables materiales e intelectuales de lo que ocurrió.
#JusticiaPorFacundo
