Desde 1987 la Organización de las Naciones Unidas declaro el 26 de junio como el “Día internacional de la Lucha contra el Narcotráfico y el Abuso de Drogas” teniendo por objetivo reforzar las acciones y la cooperación para alcanzar una sociedad libre de drogas.
Durante la última sesión extraordinaria de la UNGASS sobre estupefacientes realizada en 2016, esta debía ser convocada en 2019 pero se adelantó por presión de varios países latinoamericanos, se planteó la preocupación por la ineficacia de la “Guerra contra las Drogas” y al mismo tiempo el aumento de consumos de sustancias de mayor peligrosidad, el empoderamiento de la industria de las sustancias que crece generando daños a la sociedad civil, y la estigmatización y militarización de los países, sobre todo andinos, acusados de principales productores, entre otros.
Sin embargo, la presión internacional concluyo con un documento en el que quiso tomar en cuenta la posición de estos países promoviendo tímidamente la búsqueda de alternativas a las políticas públicas actuales, pero enfatizando en la erradicación de los consumos y el flagelo de las drogas, a través de la mirada punitiva.
Pero, ¿Cómo afectaron estas situaciones en nuestro país? desde 1989 Argentina cuenta con una de las leyes de estupefacientes más rígidas de la región, con penas mínimas de 4 años para quienes tuvieran en su poder estupefacientes, así mismo sanciona mas gravemente la comercialización y producción de los mismos. Luego de 30 años una de las principales causas de encarcelamiento en Argentina es la infracción a esta ley, al mismo tiempo que los consumos no solo crecieron y se diversificaron, sino que también tienen sus inicios a más temprana edad, con una mayor medida en los sectores más vulnerables de nuestra población.
Según datos del estudio de consumo de sustancias psicoactivas de 2017 realizado por la Sedronar con el Observatorio Nacional de Drogas, en Argentina las sustancias de mayor consumo son el tabaco y el alcohol, seguido por el cannabis, las dos primeras legales y en el caso del alcohol con regulaciones muy livianas para su acceso. Al mismo tiempo establece que la tasa de mortalidad por consumo de sustancias es de 70% a causa del tabaco, el 27% a causa del alcohol, y solo 1,5% son relacionadas distintos estupefacientes. Pero los datos que más llaman la atención son los aumentos de los consumos en adolescentes. Para la población entre 12 y 17 años entre 2010 y 2017, el consumo de tabaco aumento del 7,9% al 11,6%; en el caso del alcohol 21,4% al 34,1% y en el caso del cannabis se duplica del 1,3% a 2,7%.
Por otro lado, podemos ver las consecuencias penales que trajo esta política para los usuarios de sustancias. Un informe de la Dirección Nacional de Política Criminal, nos arroja datos interesantes en este sentido. Entre el año 2005 y 2015 se duplico el total de personas que fueron privadas de su libertad por infracción a la ley de estupefacientes alcanzando más del 30% de la población carcelaria. Otros datos llamativos son en relación al trabajo y educación de quienes son presos. De estos el 41% estaba desocupado al ingreso al sistema carcelario y otro 41% tenía trabajo precario. Sólo 18% refirió trabajo de tiempo completo y por otro lado casi 9 de cada 10 personas no ha alcanzado el nivel de escolaridad obligatorio y, de ellos, el 6% no tenía ningún tipo de instrucción formal. Estos datos nos hablan de que las problemáticas de los y las usuarias de sustancias se acrecientan en contextos de vulnerabilidad social.
También debemos hablar de las detenciones que sufren los y las usuarios para luego sobreseídos por la justicia amparados en Fallo Arriola que considera inconstitucional la persecución a usuario de sustancias. Según el informe de gestión del Ministerio de Seguridad de la Nación en el año 2017, 1 de cada 3 personas detenidas era por consumo personal, lo que significa que esa persona fue aprendida y privada de su libertad y alojada en una fiscalía o comisaria, hasta que un juez haya determinado que no estaba cometiendo un delito. El caso de la Ciudad de Buenos Aires es bastante ejemplificador, luego de la desfederalizacion de la ley de estupefacientes en la órbita de la ciudad, en menos de un año aumentaron las detenciones un 54%, el 78% de las mismas fue ingresada por efectivos de las fuerzas de seguridad en la vía pública y el 70% fueron realizadas en la zona sur de la ciudad. Estos datos reafirman esta realidad de que la estimación a los usuarios de drogas arrastra consigo una estigmatización de la pobreza.
Podemos acordar entonces con estos países que la guerra contra las drogas, tuvo el efecto opuesto al que se buscaba en los usuarios de proteger su salud, por un lado, se volcaron al mercado negro, expuestos a la violencia del mismo, como única vía de acceso a las sustancias, que a su vez perdían calidad lejos de cualquier control estatal también generando mayores daños físicos en los usuarios, y por el otro se los estigmatizo y relaciono con la delincuencia siendo aislados en el sistema penal.
Es momento de repensar estos viejos paradigmas relacionados con las políticas de drogas, necesitamos atender las problemáticas generadas por años de prohibicionismo, avanzar hacia políticas que reduzcan los riesgos y daños ocasionados tanto por el consumo como por la prohibición. Como políticas que brinden información a los usuarios a fin de prevenir los consumos, pero también información para quienes eligen consumir lo haga de una manera adulta y responsable de su salud y de su entorno. Espacios de contención en los sectores de mayor vulnerabilidad social para acompañar a niños y niñas a evitar los consumos a temprana edad de manera consiente, entre otras muchas que es nuestro deber pensar.
En la actualidad son cientos las organizaciones de la sociedad civil que hacen eco de esta necesidad, desde quienes luchan por un cannabis medicinal, a quienes revindican el uso de sustancias de manera adulta. Es responsabilidad del estado hacer oído este reclamo, y encarar, para sí, un camino de reconstrucción de las políticas de drogas de raíz, que rompa con los estigmas pasado y plantee nuevos ejes basados en la igualdad, la diversidad y la libertad de los y las usuarias de sustancias.
