La ola de calor que se encuentra afectando en nuestro país estas últimas semanas, que es consecuencia del calentamiento global, ha dejado en evidencia las condiciones en las que se encuentran nuestras instituciones educativas.
Ante esto, para evitar que nuestros niños, niñas y adolescentes no sufran los golpes de calor se recurre a suspender las clases siendo que llevamos menos de un mes del comienzo del ciclo lectivo y con él se pierde el derecho a acceder a la educación. Hoy en día temas como el cambio climático y su impacto dejan al descubierto la situación de la infraestructura de nuestras instituciones educativas.
Sin embargo está no es la única falencia que hay en el sistema, contamos con una educación con falta de recursos, con planes educativos flexibles que permiten que un alumno pase de año sin tener todas las materias aprobadas, con docentes cuyos sueldos no permiten llegar a fin de mes; o que deban cumplir varios horas en diferentes establecimientos, generando un desgaste tanto físico como emocional.
Todo esto, nos lleva a plantearnos que la educación debe formar parte de la agenda de gobierno, debe ser una Política de Estado. Que es necesario plantearse políticas públicas las cuáles permitan que la educación vuelva a ser de calidad, gratuita, y accesible para todos los niños, niñas y adolescentes.
Que el presupuesto destinado a educación no debe ser solo para los gastos corrientes, debe ser accesible para que se puedan acondicionar todos los establecimientos para que dichas cuestiones climáticas como el calor extremo o el frío polar; no sean un factor que impida interrumpir el dictado de clases.
Que los recursos materiales y presupuestarios, al igual que el personal docente sean los adecuados y suficientes para garantizar la educación de calidad de niños, niñas y adolescentes; y sobre todo su permanencia en el sistema educativo. Siendo este un derecho fundamental que muchas veces se encuentra vulnerado.
