El 30 de diciembre de 2020, el Senado de la Nación convirtió en ley el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo o “IVE”
👉Se reconoció así el ejercicio de la autonomía personal, una conquista de derechos humanos para mujeres y personas gestantes.
La ley 27.610 establece que “las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana catorce, inclusive, del proceso gestacional” en un plazo máximo de diez días corridos desde su requerimiento; y prevé en qué casos podrá hacerlo por fuera de ese plazo.
👉Además, contempla que la práctica sea cubierta tanto en el sector público de la salud como en el privado y enumera los derechos que tendrá la persona en esa atención: trato digno, privacidad, protección ante injerencias ilegítimas por parte de terceros, Confidencialidad, Autonomía de la voluntad, Acceso a la información, atención de calidad e integral, información, acompañamiento.
También se garantiza la atención postaborto en los servicios del sistema de salud.
Asimismo, la ley menciona la importancia de “prevenir los embarazos no intencionales mediante el acceso a información, educación sexual integral y a métodos anticonceptivos eficaces.”
👉El 28 de mayo de 2021 se aprobó el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo, que tiene por fin “actualizar los protocolos sanitarios en la materia conforme a los estándares normativos vigentes”.
✅Actualmente, todas las provincias garantizan el acceso a la práctica, aunque todavía se siguen encontrando trabas para dificultar el ejercicio del derecho a la IVE.
✅Desde su sanción y al día de la fecha, se han realizado cerca de 60.000 interrupciones voluntarias del embarazo.
