El proceso de ampliación de derechos humanos de las mujeres y diversidades fue producto de las luchas de los colectivos afectados por las desigualdades a lo largo de la historia.
Una vez conquistada la igualdad formal, fue necesario implementar medidas de acción positiva que compensen décadas de opresión y exclusión. Fue así que el estado argentino incorporó la legislación necesaria para el ejercicio de la equidad, intentando garantizar el pleno goce de los Derechos Humanos de las mujeres e integrantes del colectivo LGBT en Argentina.
De esta forma se conquistó un plexo de reformas legales, políticas públicas y mecanismos institucionales con el objetivo de eliminar las desigualdades de género:
1985:
Ley 23.179: aprobación de la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW-ONU, 1979).
1986:
Decreto 2274/1986: establece el derecho a decidir sobre la propia reproducción.
Ley 23.451: aprueba el Convenio sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras, producto de la 67º reunión de la Conferencia General de la O.I.T.
1987:
Creación de la Subsecretaría de la Mujer, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, para promover e promover la igualdad para las mujeres.
1988:
Ley 23.592: penalización de actos discriminatorios, incluyendo la discriminación por motivo de sexo.
1990:
Ley 23.798 : declara de interés nacional a la lucha contra el SIDA o Ley Nacional de SIDA, establece el requisito del consentimiento informado y reitera la confidencialidad frente al test y sus resultados.
Ley 24.012 de Cupo femenino: determina que al menos el 30% de las listas electorales de los partidos políticos estuviera ocupado por mujeres.
1991:
Decreto 378/91 de creación del Consejo Coordinador de Políticas Públicas para la Mujer, dependiente de Presidencia, organismo que se transformó en el Consejo Nacional de la Mujer creado por Decreto 1426/92.
1994:
Ley 24.417 de protección contra la violencia familiar: aborda la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico.
Ley 24.429: habilita a las mujeres a ingresar al Servicio Militar Voluntario.
La reforma constitucional incorpora y da rango constitucional a la CEDAW y el Pacto de San José de Costa Rica.
1995:
Ley 24.515: crea el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) con el objeto de elaborar políticas nacionales y medidas concretas para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo.
Ley 24.660: establece que las penas privativas de libertad deben ser cumplidas en establecimientos según el sexo, a cargo de personal femenino y brindarse atenciones específicas para las internas embarazadas y con hijos/as lactantes
2000:
Ley 25.273: crea un Régimen Especial de Inasistencias Justificadas para alumnas embarazadas.
2002:
Ley 25.584: prohíbe en los establecimientos de educación pública toda acción institucional que impida el inicio o continuidad del ciclo escolar a alumnas embarazadas.
Ley 25.674 de Asociaciones Sindicales: establece que la participación femenina en las unidades de negociación colectiva de las condiciones laborales tiene que ser representativa de la cantidad de trabajadoras en la rama o actividad de que se trate, integrar mujeres en cargos electivos y representativos de las asociaciones sindicales y los porcentajes de dicha representación.
2003:
Ley 25.673: crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.
2004:
Ley 25.929 de parto respetado
2005:
Ley 26.061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
2006:
Ley 26.130: regula el acceso a la contracepción quirúrgica para toda persona mayor de 18 años con el sólo consentimiento informado.
Ley 26.150: establece el derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de todas las jurisdicciones, y crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral (conocido como ESI por sus siglas).
Ley 26.171: aprueba el Protocolo Facultativo de la CEDAW que le da al país mecanismos jurídicos de exigibilidad para el cumplimiento de la Convención CEDAW.
2007: “Protocolo de atención de aborto no punible”
2008:
Ley 26.364 de Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas.
2009:
Ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
2010:
Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario, que permite contraer matrimonio civil a personas del mismo sexo.
2012:
Ley 26.738 de delitos contra la integridad sexual: quita la figura del avenimiento para exculpar al violador.
Ley 26.743 de Identidad de género: reconoce el derecho de las personas a ser tratadas y registradas legalmente con la identidad genérica autopercibida y al acceso a tratamientos médicos, estéticos y hormonales gratuitos para la adecuación a dicha identidad.
Ley 26.791: agrava los homicidios relacionados con la violencia de género, tipifica la figura del femicidio y los crímenes de odio en el Código Penal.
Ley 26.842: amplía las condenas para los delitos de trata, acelera el proceso judicial, elimina el consentimiento de la víctima como elemento exculpatorio.
2013:
Ley 26.862: garantiza de forma gratuita el acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida, a toda persona mayor de edad, independiente del estado civil u orientación sexual.
2017:
Decreto 698/2017 de creación del Instituto Nacional de las Mujeres como organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, cuya función sería diseñar políticas para la implementación de la Ley 26.485 y se lanza el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (2017–2019)
Ley 27.412 de Paridad de género en ámbitos de representación política que reemplaza la Ley de cupos. Establece que en las listas se debe intercalar mujeres y varones para garantizar la paridad.
2018:
Ley 27.452 o Ley Brisa: estipula un régimen de reparación económica para las niñas, niños y adolescentes cuya madre, padre o afín haya muerto a causa de violencia de género o dentro de la familia.
2019:
Ley 27.499 o Ley Micaela: establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos los niveles, jerarquías y poderes del Estado. Además, indica los mecanismos de implementación, la institución responsable de la aplicación y el seguimiento.
Ley 27.521 de Sistema único normalizado de identificación de talles de indumentaria.
Decreto 7/2019 de creación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad que amplía las incumbencias y suprime al INAM. Aborda problemas relativos a las violencias de género y femicidio, la diversidad sexual y de género, participación política y trabajo de cuidados.
2020:
Decreto 721/2020 de cupo laboral para personas trans en el Sector Público Nacional, que establece que los cargos deberán ser ocupados por personas trans en una proporción no inferior al 1%
Ley 27.610 de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo
Ley 27.610 de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia.
2021:
Decreto 14/2021 que promulga la Ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo.
Resolución ministerial 1531/2021 se presenta el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE).
A la ley de cupo laboral trans se agrega el Decreto presidencial N°476/21 que incorporar la nomenclatura “X” en el Documento Nacional de Identidad y Pasaporte para ciudadanos/as/xs argentinos/as/xs como opción para las personas que no se identifiquen como varón “M” o como mujer “F”.
Referencias tomadas de Anzorena, Claudia (10 de agosto 2021) “Leyes y políticas de género en Argentina (1985 a 2020)”.
